La soberanía y la seguridad de la República Dominicana dependen de una aplicación rigurosa de nuestras leyes migratorias. Con el despliegue de 1,500 efectivos de la Dirección General de Migración y la política de tolerancia cero frente al tráfico ilícito y la obstrucción de la justicia, el Estado dominicano ha enviado un mensaje claro: la institucionalidad debe prevalecer. Sin embargo, este esfuerzo operativo en las 31 provincias y el Distrito Nacional solo tendrá un impacto duradero si los tribunales acompañan esta labor con sentencias ejemplarizadoras que erradiquen la impunidad de las redes de trata y quienes facilitan la permanencia irregular en nuestro territorio.
El compromiso con la seguridad nacional nos convoca a exigir una coordinación absoluta y transparente entre la Dirección General de Migración, el Ministerio Público y el Poder Judicial. No podemos permitir que el trabajo de los agentes de reacción rápida se desvanezca por la falta de consecuencias legales para quienes violan nuestra soberanía. Es momento de que la ciudadanía levante su voz para asegurar que el peso de la ley caiga sobre los responsables de vulnerar nuestras fronteras y comunidades. Firma ahora nuestra petición en PeticionRD para respaldar este llamado urgente a un sistema de justicia firme, eficiente y alineado con los intereses del pueblo dominicano.